El nuevo Real Decreto – ley de 1/2012 de 27 de enero afecta a las instalaciones de eficiencia energética a través de cogeneración que se instalan en los edificios para mejorar su eficiencia energética. Por tanto, los edificios necesitan de medidas de eficiencia energética autofinanciables, que no dependan de ayudas públicas, y sean rentables.
La nueva situación regulatoria planteada por la aprobación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se suspenden los procedimientos de preasignación de retribución y los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, en un entorno de crisis económica y altos precios de la energía, refuerza la necesidad de impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética, sin coste para el sistema y que se ‘autofinancien’ por si mismas.
La decisión del Gobierno de suprimir los incentivos económicos (o primas) a las nuevas instalaciones del régimen especial – eólica, solar fotovoltaica, termo solar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos-, así como el procedimiento para autorizar el pago de estas primas a través del registro de preasignación del Ministerio de Industria, tiene como finalidad combatir una de las causas del déficit de tarifa. Si bien las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 1/2012 no afectarán a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas, ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación y son de ‘carácter temporal’, tendrán un importante impacto en el sector de las energías renovables y en el de la cogeneración, principalmente en las instalaciones situadas en edificios.
Con la suspensión de incentivos económicos a las nuevas instalaciones de de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, las instalaciones situadas en edificios ya no podrán beneficiarse de éstas ayudas públicas, aunque se abre una vía para las tecnologías que ahorren energía y sean más eficientes.
Los edificios son uno de los principales focos de consumo energético y emisión de gases contaminantes en las ciudades. Por tanto, la eliminación de incentivos económicos a la implantación de energías renovables o la cogeneración en inmuebles no deben frenar la adopción de medidas de eficiencia energética sin coste para el sistema, rentables y autofinanciables.
“El Real Decreto-ley, los altos precios de la energía y la grave crisis económica hacen necesario recurrir a medidas de eficiencia energética capaces de optimizar el consumo de energía en los edificios, a través de proyectos desarrollados por empresas especializadas. De este modo se garantizan los objetivos, incluso sin necesidad de realizar inversiones por parte del cliente, ya que la gestión energética se externaliza y los riesgos de implantación pueden corren a cargo de una empresa de servicios energéticos”, señala Rodrigo Morell, Director General de CREARA, especialistas en eficiencia y ahorro energético.
Las instalaciones de micro cogeneración han supuesto en los últimos años una inversión muy rentable en los edificios terciarios con una demanda de calor importante, como hoteles, hospitales, residencias o polideportivos. “En estas instalaciones la alternativa más interesante es vender la energía eléctrica producida y aprovechar la energía térmica. Al eliminarse la prima en el precio de la energía eléctrica, la única alternativa posible es auto consumirla. De esta manera las instalaciones de cogeneración en edificios siguen siendo técnicamente viables, pero su rentabilidad se ve reducida considerablemente, hasta en un 50% en algunos casos”, advierte Morell.
Eficiencia energética en la cogeneración
Si bien el propio Real Decreto-ley abre la posibilidad de crear una nueva regulación específica para cada tecnología no se indica cuando podría ponerse en marcha. En concreto el mismo Real Decreto-ley indica que el Gobierno podrá establecer reglamentariamente regímenes económicos específicos para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de cogeneración o que utilicen como energía primaria energías renovables no consumibles y no hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aún cuando las instalaciones de producción de energía eléctrica tengan una potencia instalada superior a 50 MW.
Para ello, se tendrá en cuenta, además de la potencia instalada, el nivel de tensión de entrega de la energía a la red; la contribución efectiva a la mejora del medio ambiente, al ahorro de energía primaria y a la eficiencia energética; la producción de calor útil económicamente justificable y los costes de inversión y de operación, y el tipo de energía primaria empleada.
Asimismo, también se abre la puerta a la regulación del autoconsumo del que asegura que tiene la regulación ya en curso (la CNE dictaminó el pasado 17 de diciembre), pero no concreta nada sobre su puesta en funcionamiento para permitir el balance neto de electricidad.
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