Las empresas españolas no PYMES contarán con nueve meses para realizar auditorías energéticas o implantar un sistema de gestión energética de sus instalaciones
En su sesión del 12 de febrero de 2016, el Consejo de Ministros dio luz verde al texto por el que se traspone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de octubre de 2012 relativo a la eficiencia energética. Publicado en el BOE como Real Decreto 56/2016 (12 de febrero -2016), establece el marco regulatorio de la eficiencia energética en España en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, y promoción de la eficiencia energética.
Tras dos borradores y un proceso de consulta pública y después de más de un año y medio desde que finalizara el plazo de transposición de la Directiva 2012/27/UE, fijado por Bruselas para el 5 de junio de 2014, y con el precedente de un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea el pasado mes de octubre, la publicación de este decreto es un paso esencial para que España pueda alcanzar el objetivo del 20 por ciento de ahorro energético para 2020. La finalidad de esta directiva es promover el uso de las energías renovables y poner en marcha medidas efectivas de eficiencia energética en los sectores residencial, terciario, transporte e industria.
Desde CREARA, como empresa del sector de la eficiencia energética, valoramos muy positivamente la puesta en marcha de la normativa. Servirá para aclarar las dudas que las grandes empresas han venido mostrando todo este tiempo acerca de sus obligaciones y de las implicaciones que para ellas supone la entrada en vigor del texto.
En palabras de Rodrigo Morell, Director General de CREARA, “es una noticia positiva que las empresas estaban esperando. Aunque inicialmente se valoró un plazo de seis meses para dar cumplimiento a las obligaciones marcadas a las empresas no pymes, parece que finalmente será de nueve meses, lo que da a las empresas algo más de tiempo, si bien es cierto que la puesta en marcha de estas medidas cuando ya se ha iniciado el año y se han aprobado los presupuestos anuales no es la situación ideal, y menos en un momento en el que nadie lo esperaba por estar el Gobierno en funciones”.
Según el artículo 8 de la Directiva, todas las empresas que no sean PYME, independientemente del sector de actividad, están obligadas a cumplir el requisito de realizar una auditoría energética cada cuatro años o bien a implementar un sistema de gestión energética o ambiental —certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes—, siempre que los Estados Miembro garanticen que el sistema de gestión del que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a unos criterios mínimos que aseguren su eficacia y que la Directiva recoge en su Anexo VI.
En este sentido, Marta Aguilar, Gerente de Desarrollo de Negocio en CREARA implicada en los procesos de implementación de Sistemas de Gestión de la Energía de más de 40 empresas del sector industrial, recomienda que “cada empresa analice sus circunstancias y decida qué es lo que más valor puede aportarle, si una auditoría energética o un sistema de gestión energética de acuerdo a la Norma ISO 50001, teniendo en cuenta que la auditoría es un análisis detallado de los usos y consumos y oportunidades de ahorro en un momento determinado de tiempo, mientras que los sistemas de gestión son herramientas de mejora para dar continuidad a la auditoría a lo largo del tiempo«.
También advierte que las empresas que disponen ya de un sistema de gestión ambiental certificado según ISO 14001, tendrán que dar un paso más porque deberán demostrar que han realizado una planificación energética exhaustiva para poder eximirse de la obligación de repetir auditorías energéticas cada 4 años.
Contar con un marco regulatorio animará a las empresas a tomar decisiones y dar los primeros pasos efectivos para certificar una gestión energética eficiente, aunque tal y como señala Darío Pérez, Director de Desarrollo de Negocio de CREARA, “una vez traspuesta la Directiva aún queda por ver quién y cómo se va a controlar y fiscalizar el cumplimiento de la norma. Como especialistas en eficiencia y ahorro energético, y tras más de 12 años ofreciendo servicios de consultoría y gestión en los campos de la eficiencia energética y el ahorro energético, nos preocupa que suceda lo que ya pasó con el Real Decreto 235/2013 de Certificación Energética de Edificios, donde se ha llegado a un escenario de mínimos en el que los trabajos se desarrollan con escaso criterio técnico, perdiendo el verdadero objetivo de este tipo de normativa, que no es otro que el de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, aumentar la competitividad de las empresas y reducir las emisiones«.
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