comunicación del anexo I del Real Decreto 56/2016, muchas empresas que han realizado auditorías energéticas se preguntan… ¿y ahora qué?
La información recabada en las auditorias y reportada según lo establecido por la legislación europea, marca el inicio de un nuevo reto: recuperar los porcentajes de ahorro y eficiencia energética propuestos poniendo en marcha proyectos con medidas concretas que permitan a las empresas alcanzar esa reducción del consumo y los costes energéticos.
Según los datos facilitados por A3E, entre un 70 y 75 por ciento de las grandes empresas obligadas a realizar una auditoría energética de sus instalaciones y presentar los resultados, lo han hecho en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos del RD 56/2016. Sin embargo, Anese añadía ayer, fecha de finalización del plazo para la presentación de anexos, un dato preocupante:
más de la mitad de esas grandes empresas no son conscientes de la obligatoriedad de cumplir con un proceso que establece que, después de esta primera auditoría, habrá que repetir las auditorías cada cuatro años o bien implementar un sistema de gestión energética.
No son tantas la empresas que prefirieron cumplir la obligación mediante la implantación de un Sistema de Gestión ISO 50001 o ambiental que incluyera una auditoría energética de acuerdo a los requisitos que la Directiva establecía. Las empresas que aún no se habían planteado un plan de mejora del rendimiento energético de sus instalaciones se decantaron en su mayoría por la realización de una auditoría energética, entre otros motivos, por una cuestión de tiempos. Hay que considerar que una auditoría energética se puede realizar, dependiendo de la organización, en unas semanas y el tiempo necesario para la implantación de un sistema es siempre mayor y puede ser de un mínimo de cuatro meses.
La realización de una auditoría energética es en todo caso una oportunidad para poner en marcha un proyecto de eficiencia energética, que además puede abordarse bajo el modelo de servicios energéticos o también llamado ESE o ESCO, lo que garantizaría la consecución de ahorros de energía, económicos y en emisiones de CO2.
Una vez realizado el esfuerzo para cumplir con la normativa, lo más razonable es sacar partido a los progresos logrados y, por qué no, aprovechar para comunicar al mercado esos avances, lo que ayudará a mejorar la competitividad de la empresa y su posicionamiento como organización ambientalmente responsable.
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